El Protocolo de Nagoya: implicaciones para la investigación biológica aplicada

El Protocolo de Nagoya es un tratado internacional que regula el acceso a recursos genéticos buscando una distribución equitativa de réditos en caso de que tales recursos se utilizen con fines comerciales. El protocolo, adoptado el 29 de Octube de 2010, es un acuerdo suplementario de la Convención de Diversidad Biológica firmado durante la Cumbre de Río en 1992.

En Noviembre 8, 2013, se discutió el estado actual del Protocolo de Nagoya en el contexto de investigación aplicada en biología sintética. Los panelistas incluyeron Margo Bagley, (Escuela de Leyes, University of Virginia), Arti Rai (Escuela de Leyes, Duke  University), Joshua Sarnoff (Departamento de Jurisprudencia, DePaul University) y Leonard Hirsch (Smithsonian Institute).

Las principales conclusiones incluyen:

  • La Convención de Diversidad Biológica ha fallado en su objetivo de conservar  el capital natural de la Tierra, específicamente, su biodiversidad.

En el mejor de los casos, las regulaciones locales se imponen a las estipulaciones del Protocolo de Nagoya, es decir, son los estados los que regulan más eficientemente el acceso a sus recursos genéticos. Regulaciones locales, de existir, se centran en consentimientos formales que detallan el contexto en el cual los recursos genéticos pueden accederse. Cualquier violación a los acuerdos que facultan la colección de muestras biológicas puede resultar en una negación/revisión de patentes relevantes, o prisión dentro de los territorios bajo jurisdicción. Además, el tratado de Nagoya obliga a los países signatarios a colaborar de detectarse violaciones.

En el peor de los casos, existen graves conflictos entre el Protocolo de Nagoya y cualesquiera regulaciones locales, en gran parte debido a la ambiguedad con la cual un marco legal determinado define conceptos relevantes, acciones permitidas, requerimientos oficiales y acciones prohibidas. Esta confusión tiene dos efectos principales: uno, neutraliza la capacidad de un tratado para lograr sus objetivos; y, dos, imposibilita la inversión requerida para ejecutar investigaciones con fines estrictamente comerciales.

  • Antecedentes relacionados con la  biopiratería permiten a organizaciones no gubernamentales matizar el acceso a los recursos genéticos en el contexto de un neocolonialismo, anulando efectivamente las posibilidades de un país para desarrollar estratégicamente el capital natural relacionado con su diversidad biológica.

En otras palabras, el temor a una distribución no equitativa de los beneficios relacionados con la utilización de recursos genéticos aisla éstos recursos de la posibilidad de contribuir con la economía del estado. Es decir, sin tratados, no hay utilización; sin utilización, no hay beneficios. Es fácil especular acerca de las consecuencias de ésta actitud sobre la percepción de un país acerca de su capital natural, su compromiso con la educación e investigación y su desarrollo sostenible dentro de una economía global, a largo plazo, sobre todo en países megadiversos que históricamente han dependido de la explotación de recursos naturales con cero valor agregado.

  • Los recursos digitales (repositorios de información genética, por ejemplo) operan dentro de un vacío legal que acarreará consecuencias en los próximos años. Brasil, por ejemplo, puede interferir con el acceso a este tipo de recursos.
  • En vista de la incertidumbre legal y de los costos asociados con la prospección de fármacos, la industria farmacéutica le apuesta a las ciencias genómicas y de síntesis química/biológica, pero sin ignorar potenciales descubrimientos asociados con la diversidad biológica. En América del Sur hoy, sólamente Colombia y Nicaragua desarrollan legislación relacionada con investigación en biología sintética.
  • Los investigadores deben involucrarse en el desarrollo e implementación de marcos legales (locales y globales) relacionados con el acceso a recursos genéticos y su utilización. Desarrollar proyectos de investigación dentro de un marco legal vagamente definido puede acarrear consecuencias.
  • La inversión en patentes no se ha justificado con beneficios palpables en biología sintética.

En suma, mecanismos legales tradicionales fallan cuando de conservar y/o aplicar la diversidad biológica se trata, debido en parte a la complejidad y externalidades asociadas con el desarrollo de nueva tecnología. El riesgo asociado a la inversión en tecnologías emergentes y los plazos para que tal inversión genere retornos apuntan a limitaciones en el flujo y disponibilidad de capital.

En ese contexto, es interesante considerar el rol de nuevas formas de intercambio comercial que faciliten transacciones y que aprovechen la infraestructura digital que hace librerías genómicas posibles.

El reporte final, aquí.

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